A cuatro años de la Ley IVE: avances, desafíos y las huellas invisibles
La implementación de la Ley 27.610 mejoró los indicadores de salud pública y redujo las muertes por aborto.
Por: Christian Campos
Sin embargo, los especialistas advierten que aún faltan avances en acompañamiento psicológico, acceso a anticonceptivos e información adecuada para las pacientes.
Informes del CEDES y nuevas investigaciones confirman los efectos positivos de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) como política de salud pública. A cuatro años de su aprobación, el desafío es fortalecer la atención integral y el acceso equitativo en todo el país.
Un cambio histórico
El 30 de diciembre de 2020, alrededor de las cuatro de la madrugada, se vivió un momento histórico frente al Congreso de la Nación: se votaba la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
“131 votos a favor, 117 negativos, 6 abstenciones”, anunció el secretario parlamentario. “Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado”, expresó el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, al cerrar la sesión.
Cuatro años después de aquel día, el debate se trasladó de las calles a los datos.
El impacto en la salud pública
El proyecto Mirar, una iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) junto a Ibis Reproductive Health, analizó la implementación de la ley hasta diciembre de 2023.
El informe indica que en ese año se registraron 86.565 abortos en el sistema público de salud, en su mayoría realizados con medicamentos y antes de la semana 12. La tasa nacional de interrupciones posteriores a las 12 semanas fue de 8 cada 100 mujeres, con los valores más altos en San Luis y Jujuy.
Desde la sanción de la norma, se duplicaron los servicios de salud que garantizan la IVE. Aun así, la cantidad de instituciones varía mucho entre provincias: mientras Chaco, Santiago del Estero y Tucumán tienen entre 2 y 4 servicios por cada 100.000 mujeres, La Pampa y Mendoza cuentan con más de 50.
Los datos también muestran una reducción de muertes por aborto y por causas indirectas relacionadas con el embarazo, gracias al acceso oportuno y seguro a la atención médica.
“Un entorno normativo más habilitante, como el que despenaliza social y legalmente la interrupción del embarazo, permite una atención más temprana y segura”, explicó Mercedes Krause, socióloga e investigadora del CEDES y del IIGG-UBA.
Rosario: avances y dificultades
En Rosario, los centros de salud son la primera puerta de acceso a los servicios IVE/ILE. La ciudad cuenta con 80 centros distribuidos en todo el territorio, además de hospitales que brindan atención hasta la semana 14,5. A partir de esa fecha, los casos deben ser derivados a la Maternidad Martín o al Hospital Roque Sáenz Peña.
“Siempre que llega una paciente con sospecha de embarazo se piden los estudios, se brinda consejería y se explican sus derechos. Tenemos los fármacos y no hay problemas con los procesos hospitalarios”, explica una médica del Centro de Salud Juan B. Justo, de zona norte.
Otra profesional que trabaja en el Centro Alicia Moreau de Justo y realiza reemplazos en el Dr. Salvador Mazza señala:
“En el Alicia las cosas funcionan bien, aunque no tanto en el Mazza. Me encuentro con objetores de conciencia que obligan a derivar a otras instituciones. La ayuda psicológica es fundamental, pero hay poca disponibilidad de personal. Faltan acompañamiento emocional e información preventiva”.
Objeción de conciencia: un derecho y un límite
La Ley 27.610 permite la objeción de conciencia individual para los profesionales que intervienen directamente en la interrupción del embarazo. Sin embargo, no exime a las instituciones de su obligación de garantizar el acceso, ni puede aplicarse si la vida o la salud de la paciente están en peligro.
Entre 2021 y 2023, un estudio del CEDES junto a REDAAS, ELA y El Gato y la Caja identificó 223 episodios de negación de atención, dos tercios de ellos de forma ilegal.
En muchos casos, los profesionales no derivaron correctamente o las instituciones invocaron objeción institucional, algo prohibido por la ley. Según un informe publicado en diciembre de 2024, el 67 % de las objeciones de conciencia fueron irregulares.
“La ley es clara: la objeción de conciencia es personal, no institucional”, recordó la abogada Soledad Deza, en declaraciones desde Córdoba.
Mientras algunas provincias, como Santiago del Estero, ya cuentan con un Registro Provincial de Objetores de Conciencia, otras aún no lo implementaron, generando desigualdades en el acceso al derecho.
Las huellas invisibles
Uno de los temas menos abordados es la salud mental de quienes atraviesan una interrupción del embarazo. Aun dentro del marco legal, el acompañamiento psicológico sigue siendo insuficiente: hay pocos profesionales, turnos limitados y escasa continuidad en los tratamientos.
“La interrupción del embarazo no puede reducirse a un acto médico. Muchas mujeres sienten alivio, pero también tristeza, culpa o vacío. La atención psicológica es clave para evitar que el proceso deje huellas dolorosas”, explicó la Dra. Alicia Oiberman, de la UBA.
Desde la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Dra. María Fernanda González agrega:
“Las políticas de salud reproductiva deben integrar la salud mental como parte esencial. Sin acompañamiento psicosocial, aumentan los riesgos de malestar emocional y duelos no elaborados”.
El testimonio de Jorgelina M., de 17 años, refleja esa falta de recursos:
“En la Maternidad Martín me atendieron súper bien, pero cuando pedí turno con un psicólogo me dijeron que no había hasta el mes siguiente. Los primeros tiempos fueron muy duros; si no fuera por mi hermana y mi mamá, no sé qué habría hecho”.
Historias como la suya muestran que el acceso al acompañamiento emocional sigue siendo una deuda pendiente.
Mirar hacia adelante
A cuatro años de su aprobación, la Ley IVE se consolida como una política pública efectiva, basada en evidencia científica y en derechos humanos. Pero también plantea un nuevo desafío: incorporar la salud mental y el acompañamiento emocional como parte integral del proceso.
El objetivo, coinciden los especialistas, es claro: fortalecer la red de apoyo psicológico y comunitario, para que cada mujer que elija interrumpir un embarazo pueda hacerlo de manera segura, acompañada y libre de culpas.
