Régimen Penal Juvenil, entre la demanda social y el desafío de reinsertar a los jóvenes
El abogado penalista Sebastián Borean analizó los alcances de la reforma que establece responsabilidad penal para adolescentes desde los 14 años.
Por Myriam Gorvein
Con la nueva regulación, el sistema penal podrá intervenir en casos de delitos graves cometidos por menores de entre 14 y 18 años. Para el Dr. Borean, la discusión no puede reducirse únicamente a la edad y señaló que “la justicia siempre llega después del delito, primero debería actuar la prevención”, al explicar que el castigo penal es solo una parte del problema.
El abogado manifestó su posición con una imagen clásica del derecho: la representación de la justicia con una balanza y una espada. La espada simboliza la capacidad punitiva del Estado, mientras que la balanza representa la evaluación de cada caso. Según explicó, el sistema debe analizar si un menor tiene el mismo grado de responsabilidad que un adulto, ya que su desarrollo emocional y cognitivo todavía está en formación.
Aun así, Borean considera que la reforma tiene aspectos positivos; entre ellos destacó que los delitos graves cometidos por menores (como homicidios, secuestros o violaciones) podrán ser investigados con mayor claridad por fiscales del Ministerio Público de la Acusación. En el sistema anterior, explicó, muchas de estas situaciones quedaban en manos de juzgados de familia, lo que generaba limitaciones en la investigación penal.
Por otra parte, remarcó que la ley no implica que los adolescentes sean enviados automáticamente a cárceles comunes. La normativa establece que los menores deben cumplir medidas de detención en instituciones especializadas y sin contacto con adultos condenados. Además, sostuvo que el objetivo es evitar que estos espacios se conviertan en “universidades del delito”, donde jóvenes en proceso de formación terminan consolidando trayectorias criminales.
Sin embargo, uno de los principales interrogantes es la capacidad real del Estado para aplicar la ley. La existencia de lugares adecuados para alojar a menores que cometen hechos graves es limitada, según sea el caso de jurisdicción provincial o nacional. Ante la pregunta acerca de si hay lugares e infraestructura necesaria, indicó que en general existen instituciones con equipos interdisciplinarios, contención psicológica y programas educativos.
Asimismo el penalista remarcó que la clave está en la prevención y en las políticas sociales. Según su experiencia profesional, en muchos casos los menores que participan en delitos no son los organizadores sino piezas dentro de estructuras criminales dirigidas por adultos: “Cuando hay un menor involucrado en un delito, generalmente hay un mayor detrás que lo manipula”, explicó.
Ese fenómeno se observa especialmente en contextos de narcotráfico o violencia urbana, donde jóvenes son utilizados para tareas de alto riesgo, desde transporte de drogas hasta ataques armados. La promesa de dinero rápido y la falta de oportunidades educativas o laborales funcionan como factores de captación, sobre todo en entornos familiares y socio económicos de alta vulnerabilidad..
Otro aspecto central de la discusión es la reinserción social. La legislación establece que los menores condenados no pueden recibir penas perpetuas y que el máximo de prisión previsto alcanza los 15 años. Además, como ocurre con los adultos, existen beneficios vinculados a la conducta, el estudio y la posibilidad de acceder a libertades condicionales o salidas transitorias.
Para Borean, este punto genera tensiones sociales inevitables pues “Ningún padre quiere que su hijo comparta la escuela con alguien que estuvo preso”, reconoció. Sin embargo, recordó que la reinserción forma parte del sistema penal y que quienes cumplen una condena deben tener la posibilidad de reconstruir su vida dentro de la sociedad.
En definitiva, el debate excede al Régimen legal y la experiencia internacional demuestra que reducir la edad de imputabilidad no elimina por sí sola el delito juvenil, porque la solución exige una combinación de políticas públicas desde todos los ámbitos: prevención temprana, educación, intervención social y un sistema judicial capaz de investigar y actuar con rapidez cuando se cometen delitos graves.
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